Empresas de Inserción: Un Compromiso por una Sociedad más Inclusiva, más Justa

José Manuel García Marrero
Presidente ADEIRMUR

En la búsqueda constante de construir una sociedad más inclusiva y justa, las empresas de inserción suponen una poderosa herramienta para abordar la exclusión social a través del empleo. En la Región de Murcia, la Asociación de Empresas de Inserción de la Región de Murcia (ADEIRMUR) se erige como una fuerza motriz en la promoción, representación y difusión de este modelo de  empresas, comprometidas con la recuperación de las personas más vulnerables para nuestra sociedad.

Por lo tanto, la misión de ADEIRMUR es la de contribuir al desarrollo de una economía solidaria al servicio de las personas más vulnerables, de las personas a las que difícilmente una empresa ordinaria les daría una oportunidad, y la de  promocionar las EEII como instrumentos que persiguen generar oportunidades de inserción sociolaboral para personas en situación o riesgo de exclusión social.

Trabajamos para conseguir tener un alto grado de interlocución con las instituciones públicas, agentes y organizaciones sociales, para tener capacidad de incidencia en las políticas relacionadas con las empresas de inserción, que facilite que el mayor número de personas en situación de exclusión puedan salir de la misma.

ADEIRMUR es una asociación abierta a nuestra sociedad. Trabajamos y creemos necesaria la participación y colaboración activa con otras redes de la economía social, de la economía solidaria, y del tercer sector, con el objetivo de contribuir a la transformación de la sociedad. Porque es responsabilidad de todos trabajar para reducir las cifras del último informe publicado por FOESSA: el 25,4% de la población de la Región de Murcia se encuentra en situación o riesgo de exclusión social.

A través del empleo, las empresas de inserción tienen el poder de transformar vidas, brindando no solo trabajo, ya que también ofrecen itinerarios personalizados donde se desarrollan no solamente las capacidades profesionales, sino también las capacidades sociales, ese  apoyo social tan necesario para garantizar la integración completa de las personas. Siendo este enfoque integral, fundamental para superar las barreras que impiden la plena participación en la vida laboral y comunitaria de las personas más vulnerables.

Por todo ello, las empresas de inserción están reconocidas como entidades de Servicio de Interés Económico General, que combaten la exclusión social a través del empleo. Para ello es necesario actualizar la normativa que regula a las empresas de inserción, Ley 44/2007, obsoleta y que en ocasiones no facilita esos itinerarios de inserción que se desarrollan en la actividad económica que las EEII  llevan a cabo.

En  2022 se dio un paso significativo, demostrando que hay voluntad política en nuestra Región por potenciar el sector. Se eliminó una situación totalmente ilógica, que es aplicar cláusulas MINIMIS a las ayudas que las empresas de inserción reciben por el sobre coste que supone desarrollar en la actividad económica los itinerarios personalizados de inserción. Esto implica que las empresas no tienen límite en el número de contratos de inserción que pueden realizar; pueden formalizar tantos contratos de trabajo de inserción como la actividad económica permita. 

Aquí me gustaría resaltar el impacto económico social de las EEII, la transversalidad del impacto que las empresas de inserción tienen en nuestra sociedad: transforma políticas pasivas de empleo en activas, elimina la brecha social y económica, lucha contra la pobreza, da mayor cohesión territorial, elimina brechas de acceso a la educación, y desarrolla la economía circular y verde.

La inserción sociolaboral es rentable para la Administración y obviamente para nuestra sociedad. Los datos obtenidos de los estudios realizados del impacto económico y social reflejan que por cada euro invertido en una empresa de inserción hay un retorno económico-social de 3,00 euros. 

Pero el reto definitivo que permitirá que realmente se incremente significativamente el número de personas que salgan de su situación de exclusión social a través de las empresas de inserción es el de cumplir con la Ley 9/2017 de Contratación Pública y su disposición 4ª, donde la misma obliga a la Administración a realizar un 10% de todos sus contratos con reserva de mercado a las empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

El ejemplo podemos verlo en otras Comunidades Autónomas, donde no solamente se incrementó el número de contratos de inserción sino que se multiplicó el número de empresas de inserción.

Los desafíos a los que nuestra sociedad, con un porcentaje tan elevado de exclusión social, se enfrenta, deben encontrar una respuesta conjunta, con la implicación tanto de la Administración como de las Entidades privadas, tejido empresarial y sociedad civil. Con apoyos sólidos y políticas eficaces las empresas de inserción desempeñarán un papel crucial en la transformación de nuestra sociedad; una sociedad que no deje atrás a nadie.