Las infraestructuras públicas, un factor clave del estado del bienestar

José Juan González
Presidente de la Asociación de Constructores de la Región de Murcia (Acomur)

Las infraestructuras públicas son el sostén de las sociedades modernas. Hospitales, colegios, viviendas y carreteras son la base sobre la que se construye el estado del bienestar, que da a todos los ciudadanos el derecho y la libertad para acceder a aspectos tan básicos como, por ejemplo, los suministros de agua y electricidad, la sanidad, la educación o la vivienda. 

En la construcción y consolidación de estas infraestructuras, las empresas que nos dedicamos a este ámbito tenemos mucho que decir. Las entidades que formamos parte del sector tenemos un valor multiplicador innegable. Sólo las empresas que formamos parte de Acomur generamos más de 4.000 puestos de trabajo, lo que demuestra nuestro potencial dinamizador de la economía y el empleo. Cada millón de euros de actividad económica vinculado a la obra civil genera casi doce empleos a tiempo completo, tanto directos como indirectos e inducidos.

Pese a nuestra importancia en el Producto Interior Bruto, en la actualidad no son pocos los retos que tenemos por delante y una de las principales cuestiones a tratar está en la falta de estabilidad en la inversión en infraestructuras prevista en los presupuestos de la Administración, situación que se viene produciendo desde hace años en la Región. Esto provoca que las compañías de la Comunidad deban, en las épocas de menor actividad, ajustar sus plantillas y recursos, lo que luego, en los momentos de mayor actividad, da lugar a tensiones para recuperar sus medios humanos y materiales en tiempo récord, renovar su clasificación empresarial y poder acceder a los concursos.

Una segunda cuestión reside en los propios pliegos de condiciones de las licitaciones. Por un lado, la situación económica y geopolítica global ha provocado un aumento del precio de nuestras materias primas y este incremento no se ha visto trasladado al importe de los proyectos. La dificultad para adaptarse a los presupuestos propuestos impide a las empresas de la Región presentarse a los concursos, debido a la escasa o nula rentabilidad de las obras, lo que aumenta las posibilidades de que queden desiertas o de que la oferta seleccionada sea temeraria. Por otro lado, en muchas ocasiones, se introducen en los pliegos cláusulas que, aun sin pretenderlo, dificultan de hecho la concurrencia de las empresas regionales a obras de cierta envergadura, lo que impide su crecimiento.

Estos retos, que son sólo algunos a los que vamos a tener que seguir enfrentándonos en 2025, únicamente pueden superarse teniendo en cuenta que los contratistas somos colaboradores necesarios para la ejecución de las infraestructuras. Las empresas que nos dedicamos a este ámbito y las administraciones debemos trabajar mano a mano para impulsar la concurrencia de las empresas a las licitaciones, incentivar iniciativas conjuntas, apoyar la inversión y consolidar una actividad que da respuesta a problemas sociales tan importantes como el exceso de tráfico en el nudo de Espinardo, que se reducirá tras la construcción del Arco Norte, o el acceso de los jóvenes a la vivienda, cuya solución pasa por la construcción de un parque de viviendas público.